¿Quién se queda en la vivienda familiar después de la separación en Columbia Británica?

Ocupación exclusiva

La sección 90 de la Ley de Derecho de Familia (Family Law Act) permite a la Corte Suprema dar a un cónyuge la ocupación exclusiva de la residencia familiar (family residence) por un período determinado, y el uso de los muebles y demás pertenencias que hay allí. La residencia familiar es la vivienda en la que los cónyuges viven habitualmente, sea que uno de ellos o ambos sean sus dueños o la alquilen.

La orden es temporal. No cambia quién es dueño de la vivienda ni da al cónyuge que se queda ningún derecho de propiedad, y no permite hacer reformas importantes. Mientras está vigente, el tribunal puede aplazar la venta de la vivienda. Solo la Corte Suprema puede dictar esta orden.

Cuándo concede el tribunal la ocupación exclusiva

La Ley no dice cuándo debe dictarse la orden. El criterio proviene de las decisiones de la Corte Suprema. El cónyuge que la solicita debe demostrar dos cosas: que compartir la vivienda es una imposibilidad práctica (practical impossibility), y que, según el balance de conveniencia (balance of convenience), él o ella es el ocupante preferible. Una imposibilidad práctica es una situación intolerable o inaceptable vista de manera objetiva. Cuanto más tiempo hayan seguido viviendo los cónyuges bajo el mismo techo desde que se separaron, más difícil es demostrarlo.

Para el balance de conveniencia, el tribunal pondera la desventaja que causaría a cada cónyuge dictar la orden o denegarla. Examina cualquier demora o aquiescencia, cómo se ha comportado cada cónyuge, la situación económica de cada uno, qué otro alojamiento podría encontrar cada uno, y otras circunstancias como la salud. Cuando hay hijos, su interés superior (best interests of the child) es la consideración principal del tribunal, y un hogar tan tenso que no se atiende el interés superior de los hijos suele cumplir la primera parte del criterio.

Cuando hay violencia familiar

Una orden de protección conforme a la Parte 9 de la Ley puede prohibir a una persona acudir a la vivienda o entrar en ella, aunque esa persona sea su dueña o tenga derecho a ocuparla. Puede ordenar a la policía que saque a la persona de inmediato o dentro de un plazo determinado, y que esté presente mientras se recogen las pertenencias. Puede dictarla tanto la Corte Provincial (Provincial Court) como la Corte Suprema, y en un caso urgente puede dictarse sin aviso.

El pago de la vivienda mientras tanto

Un tribunal puede ordenar a una parte que pague el alquiler o la hipoteca, los servicios públicos, los impuestos, el seguro y otros gastos de una vivienda, y puede prohibir a una parte que corte los servicios públicos. A solicitud de un cónyuge, la Corte Suprema también debe prohibir al otro cónyuge disponer de los bienes que están en disputa en el caso, salvo que ese cónyuge demuestre que el reclamo no se verá perjudicado.

Irse de la vivienda no significa renunciar a su parte

Al separarse, cada cónyuge tiene derecho a un interés indiviso de la mitad en todos los bienes familiares (family property), sin importar lo que aportó cada uno ni quién los usaba. Irse de la vivienda no cambia eso. Quién vive en la vivienda por ahora y quién se queda finalmente con ella, o con su valor, son cuestiones distintas.

Quién cuenta como cónyuge

Estas reglas sobre bienes se aplican a los cónyuges casados y a las personas que han vivido juntas en una relación similar al matrimonio (marriage-like relationship) durante al menos dos años. Una pareja que vivió junta menos de dos años no son cónyuges a efectos de la división de bienes, por lo que la sección 90 no se les aplica, aunque cualquier miembro de la familia puede solicitar una orden de protección.